México, 19 Noviembre 2009 (Notimex). La magistrada presidenta del TEPJF, María del Carmen Alanís Figueroa, reconoció que en México no se ha logrado la inclusión de mujeres, indígenas y jóvenes en las esferas del poder y la toma de decisiones, pese a que integran más de 50 por ciento del padrón electoral.

“No hemos sabido abrir y fortalecer canales suficientes para la participación política ni el diseño de dispositivos adecuados para la protección y tutela de los derechos de ese sector”, dijo.

Para la presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), las cuotas para elevar la representación política de esa parte de la población no garantizan más equidad ni un combate a su exclusión.

Expuso que aun cuando los partidos y la legislación en el país han buscado la inclusión de esos grupos (jóvenes, indígenas y mujeres), como es el caso de la cuota de género 60-40, “nos enfrentamos con el problema de traducir la ley a la realidad” en la conformación de los órganos de representación.

“Lamento decir que no hemos podido garantizar la inclusión de grupos subrepresentados en las esferas del poder y en la toma de las decisiones; estoy hablando de grupos como mujeres, indígenas, jóvenes que es un porcentaje muy, muy importante”, apuntó.

En el Segundo Seminario Internacional del Observatorio Judicial Electoral que realiza el TEPJF, subrayó que de 1990 a 2008 en Latinoamérica se avanzó de ocho a 18 por ciento en la proporción de mujeres en los parlamentos mediante el sistema de cuotas.

Recalcó que, no obstante, el problema de representación y exclusión de esos grupos en las esferas del poder “es complejo” pues las cuotas para elevar la representación política de grupos minoritarios o subrepresentados por sí mismas no garantizan más equidad y su solución no se traduce en su acceso a un escaño.

Ante ello, dijo, se debe luchar por una representación “efectiva, desde una perspectiva cualitativa”, en la que se analice “cómo contribuyen y participan en la toma de decisiones que contribuyan a fortalecer la representatividad de las minorías”.

También cómo atender el problema desde sus orígenes pues su solución es multifactorial y se requieren “cambios de cultura política, políticas y programas pero con una perspectiva de transversalidad que permita un avance sostenido e integral que brinde las oportunidades”.

Alanís Figueroa hizo énfasis en que el tribunal ha contribuido a la protección y tutela de los derechos de esos grupos mediante el juicio para la protección de los derechos políticos electorales que permite restituir sus garantías violadas.

“El mayor número de asuntos que ha resuelto el TEPJF han sido juicio para la protección de los derechos políticos electorales, en México hoy las mujeres y hombres están acudiendo mayoritariamente a esa instancia para pedir que se imparta justicia y se restituyan sus derechos en el ámbito político electoral”, subrayó la magistrada.